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Las harineras recurren el plan de Benalúa Sur por no pagarles por el traslado de sus fábricas
Seccion Informacion General - Benalua en la Prensa
Consideran que con las bases aprobadas por el Pleno de julio no tendría plusvalías para invertir en las nuevas industrias y piden que se firmen los convenios pendientes desde 2003
- 26/08/2008
Informacion
La mercantil Urbanizadora PAI 10 y 11, formada por las empresas Harinas Bufort y Harinas Cloquell, presentaron el viernes ante la Gerencia de Urbanismo un recurso de reposición contra el acuerdo plenario que aprobaba el concurso de urbanización del segundo sector de Benalúa Sur, que incluye el desmantelamiento y traslado de las factorías.

Las dos empresas están disconformes con las bases que el Ayuntamiento aprobó en el Pleno de julio para quitar las fábricas de la avenida de Elche y desarrollar pisos en la zona. El principal punto de desencuentro es que los propietarios de las harineras entienden que en el nuevo documento no figura ninguna medida indemnizatoria por el desmantelamiento de las factorías y sí la obligación del traslado. En el convenio acordado entre el alcalde y los propietarios de las harineras en diciembre del 2002 e igualmente rubricado en Pleno en el 2003 las empresas obtenían una compensación suficiente para cambiar la ubicación de la actividad, explicaron ayer fuentes de la mercantil.

En el escrito, firmado por Antonio Bufort Camino y José Cloquell Carratalá, los dueños de las empresas reclaman a Urbanismo la firma del citado convenio, por el que las empresas obtendrían 10.200 metros cuadrados de suelo urbanizable, cedidos por el Ayuntamiento de su aprovechamiento urbanístico, a cambio del traslado de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El último documento aprobado en julio incluía, además, la obligación de construir vivienda de protección oficial en el sector, lo que abarata aún más, en una situación económica ya complicada, la venta de los terrenos y la obtención de suficientes plusvalías como para financiar la construcción de una nueva factoría, entienden los responsables de las harineras consultados por este periódico.

Menos alturas

En el primer diseño de la urbanización se incluía una altura de siete plantas en los edificios de la zona, que habría quedado reducida hasta dejarlo en una veintena de pisos, calculan los dirigentes de las mercantiles.

En resumen, que no obtendrían dinero suficiente como para realizar ese traslado, cifrado entre siete y ocho millones de euros, manifestaron ayer a este diario fuentes de las harineras. «Nos obligan a irnos sin nada a cambio», dicen.

Reclaman al Ayuntamiento la firma del convenio por el que obtendrían ese terreno urbanizable libre de cargas para financiar la operación. De lo contrario, están dispuestos a continuar con su actividad industrial en la zona, a no ser que «nos expropie el Ayuntamiento y nos indemnice», comentan los responsables de las empresas.

En el recurso explican, además, que la indemnización a una fábrica por su traslado ya se ha realizado en otras ciudades, citando además algunos casos de harineras, caso de Huesca.

El recurso de reposición es una medida previa a la presentación de un contencioso-administrativo, algo que no descartan los propios interesados.

CRONOLOGÍA
17 de enero del 2003: El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprueba el convenio con las harineras Bufort y Cloquell para el traslado efectivo de las fábricas situadas en la avenida de Elche.

2 de marzo del 2004: El Pleno municipal rechaza el plan presentado por las harineras para desarrollar la unidad de actuación número 2 del plan parcial Benalúa Sur. En aquella misma sesión, se aprueban unas bases orientativas para el desarrollo del suelo.

21 de noviembre del 2007: El Tribunal Superior de Justicia valida aquel acuerdo de enero del 2003, que había sido denunciado en los tribunales por el grupo del PSOE.

29 de abril del 2008: La promotora creada por las harineras piden al Ayuntamiento que abran el proceso para la adjudicación, mediante concurso, de la urbanización y desarrollo de los terrenos.

22 de mayo del 2008: Los trabajadores de las harineras comienzan unas movilizaciones en defensa de sus puestos y contra el desmantelamiento de las fábricas.

21 de julio del 2008: La Comisión de Urbanismo aprueba el concurso de urbanización de los terrenos, que comprenden la obligación de «trasladar» las fábricas. El 25 de ese mes, el Pleno da el visto bueno a las bases.
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